El 13 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. La acción humana es un factor que puede aumentar o disminuir las vulnerabilidades y, con ello, el impacto que las amenazas naturales generan en el territorio. Directa o indirectamente, las sociedades se encuentran relacionadas más allá de sus propias fronteras en lo que refiere a la gestión de riesgos de desastres como en la mitigación de los efectos del cambio climático. Los desastres no respetan límites nacionales o administrativos.

En septiembre de 2015, Chile -en conjunto con otros 192 países- se comprometió con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: una estrategia mundial que nos compromete como nación hasta el año 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una de las tanta tratativas desde los organismos internacionales que buscan generar condiciones para vivir en un mundo con un desarrollo sostenible, disminuyendo riesgos de emergencias y desastres y mitigando situaciones por demás negativas.

Chile, lo sabemos bien, está expuesto a múltiples amenazas relacionadas con la naturaleza. También, a una serie de decisiones y no-decisiones en el plano legislativo, normativo y de la planificación social que pueden generar o amplificar vulnerabilidades.

Por décadas se ha negado la existencia del cambio climático. Hoy no sólo es innegable, sino que vivimos crecientemente sus consecuencias. De acuerdo al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), mantener las metas comprometidas respecto del calentamiento global “requeriría cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”. Las problemáticas del clima y los desastres asociados afectan al ecosistema como un todo, incluyendo -por ejemplo- al comercio internacional.

Resulta difícil pensarnos por fuera de la comunidad global, cuando reivindicamos el libre comercio y apoyamos una serie de acuerdos de cooperación –mas no de integración- regional. Pero ello, parece imposible para algunos actores en temáticas ambientales, creyendo que meras decisiones nacionales pueden protegernos plenamente y a largo plazo. Basta observar décadas de zonas de sacrificio humano–ambiental, las carencias para encontrar respuestas oportunas y las resistencias aún presentes para integrarnos a un desarrollo sostenible.

El acuerdo de Escazú (que aún no hemos firmado, permite el acceso a la Información, facilita la participación pública y propicia el acceso a la justicia en asuntos ambientales: a partir de éste podríamos integrar una mirada preventiva y de justicia territorial, pensada desde ese multilateralismo que reivindicamos en otros planos. O bien, podemos refugiarnos en un nacionalismo pseudo-protector, obviando las evidentes características comunes que presenta nuestra región (altos grados de centralismo, amplia desigualdad, concentración de la riqueza, exposición al cambio climático, entre otras).

Todo se encuentra profundamente vinculado: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la firma del acuerdo de Escazú, las zonas de sacrificio ambiental, las consecuencias del cambio climático y la propia forma en que afrontamos las relaciones exteriores deben ser mirados en una perspectiva integradora, sistemática y transdisciplinar.

En ese sentido, buscando generar propuestas de acción, desde la Universidad pública hemos tratado de construir un espacio de convergencia entre distintas áreas del conocimiento intentando ser un aporte a la complejidad que deviene de un mundo en cambio acelerado por la acción humana. CITRID es solo un avance en la necesidad de generar no solo acuerdos interdisciplinares sino que intersectoriales urgentes para disminuir el riesgo de desastre en una región de alta desigualdad y consecuentemente, de alta vulnerabilidad.

Un pensamiento escindido puede resultar un verdadero desastre.

Publicado en La Tercera.

La cuantificación de los daños al patrimonio cultural suelen ser parte de un segundo capítulo en las estadísticas, luego de la ocurrencia de desastres. Las pérdidas en vidas humanas, obviamente, es la preocupación esencial. Progresivamente, sin embargo, la atención y el interés por contar con planes de protección del patrimonio cultural están creciendo. Esto, debido al rol que cumple el patrimonio, como parte de la cultura, en su capacidad de hacernos sentirnos parte de una comunidad con una identidad propia y particular.

Desde hace un par de décadas, Chile se ha comprometido a nivel nacional e internacional con la reducción del riesgo de desastre, lo que se ha traducido, por ejemplo, en la adhesión al Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) y de Sendai (2015-2030), en la constitución de un sistema nacional de gestión del riesgo, la publicación de una política nacional de reducción de riesgo y la multiplicación de acciones e iniciativas a todas las escalas y en diversos sectores públicos y privados. Uno de los grandes avances conseguidos es el reconocimiento del carácter transversal del riesgo de desastre en todas las dimensiones del desarrollo. En un país, como el nuestro, expuesto a múltiples amenazas récords mundiales en intensidad y frecuencia, no se pueden concebir proyecciones sustentables de viviendas, infraestructuras, redes, desarrollo social, industrial o económico, sin integrar una mirada completa del riesgo, cambiando la actitud reactiva que nos ha marcado como país hacia una actitud proactiva.

Esa mirada y esa actitud deben considerar al patrimonio cultural como elemento esencial para el desarrollo sostenible. Tal como señala UNESCO en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que Chile suscribió en septiembre de 2015, “hacer que la cultura desempeñe un papel central en las políticas de desarrollo no sólo constituye una inversión esencial en el futuro de nuestro mundo, sino que además es una condición previa para llevar a cabo con éxito procesos de mundialización que tengan en cuenta el principio de la diversidad cultural”.

Lo anterior es un desafío por cuanto implica iniciativas interdisciplinares e interinstitucionales. Para avanzar en esta tarea, desde el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres, CITRID, de la Universidad de Chile, junto con otros actores académicos e institucionales, hemos impulsado una serie de encuentros en Chile e Italia, país del que tenemos mucho que aprender en materia de patrimonio.

Una de las primeras conclusiones es la necesidad de fortalecer los sistemas de información (en particular geográficos) para conocer y “reconocer” nuestro patrimonio, de manera de lograr una mayor coordinación de esfuerzos y disponibilidad de datos, tanto para los organismos técnicos, como para los tomadores de decisiones y la ciudadanía.

Junto a lo anterior, es indispensable reforzar nuestra institucionalidad y avanzar en la Ley que reforma la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). Tenemos que dar pasos decididos en materia de habitabilidad transitoria y reconstrucción y en el reconocimiento del valor de la memoria en la reducción del riesgo.

En este desafío, las universidades tienen un rol preponderante en la investigación (antes del desastre) y en la producción de conocimientos y tecnologías para la reducción del riesgo de desastres. Así también en las fases de respuesta -por ejemplo, en la estimación de seguridad de edificios asumido en gran parte por escuelas de ingeniería y arquitectura- y en la reconstrucción con propuestas y análisis críticos de los procesos de reconstrucción y sistematización de información.

Mucho por hacer en un ámbito que a todas y a todos nos convoca: la protección de nuestro patrimonio ante los desastres, para avanzar hacia un desarrollo cada vez más sostenible.

Publicado en El Desconcierto.

El 27 de septiembre recién pasado Chile se restó de la ratificación del Acuerdo de Escazú, cuya elaboración había liderado junto a Costa Rica. Un acuerdo cuyo objetivo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación…”

El Acuerdo de Escazú no solo reconoce el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, siendo “deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, tal como lo establece la actual Constitución Política de nuestro país, sino que va más allá, buscando hacer vinculante la participación de las comunidades en la toma de decisiones respecto del “uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres”.

Particularmente, en sus artículos 5º y 6º el Acuerdo de Escazú busca garantizar el acceso transparente a información ambiental, y en su artículo 7º busca hacer que esta información sea oportuna y pertinente, vinculándola a la participación del público en la toma de decisiones.

La actual institucionalidad de nuestro país permite asimetrías de información desde su propia génesis pues, si bien es deseable que los proyectos -particulares o públicos- generen su propio conocimiento para la elaboración de líneas de base ambiental y estudios de impacto, es también deseable no sólo que las comunidades tengan acceso oportuno a esta información, cosa que muchas veces sí sucede, sino que se generen mecanismos eficaces para que esta información pueda ser interiorizada por el público, y eventualmente complementada sin potenciales sesgos de origen.

A lo anterior se añade el hecho que, en la práctica, la participación comunitaria en nuestro país ocurre muchas veces cuando los proyectos se encuentran en etapas avanzadas de su realización, generándose escenarios de conflicto que pueden llegar incluso a detener la inversión.

¿Para qué hacemos ciencia, si no tenemos la aspiración y la posibilidad real de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la generación, articulación y retroalimentación de conocimiento que propenda en forma efectiva al perfeccionamiento material y espiritual de quienes constituimos esta patria?

Negar Escazú no es solo negar Quintero, Chañaral, Mejillones, Tocopilla, Valparaíso, Santiago, Coronel, Aysén, Isla Riesco y tantas otras localidades o regiones en que los problemas sociales, de gestión del territorio y el medio ambiente son particularmente patentes. Negar Escazú es negarnos el derecho humano a un medio ambiente sano. Es negar el fundamento mismo del desarrollo sostenible, porque negar Escazú es negar el conocimiento científico, su democratización, como base para la toma de decisiones que finalmente son y deben ser políticas.

En sus artículos 8º y 9º el Acuerdo de Escazú enfatiza en garantizar el acceso a la justicia, así como la integridad de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, ambos aspectos necesarios también de avanzar en nuestro país.

Ojalá que el Gobierno rectifique y ratifique pronto este acuerdo, pues de lo contrario la grandilocuencia del discurso del Presidente Piñera en cuanto a la protección del medio ambiente, ese mismo día 27 de septiembre en la ONU, quedaría sólo en promesas. Más grave aún, podría constituirse o entenderse como una relativización más del compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.

Publicado en:

Ingeniería Universidad de Chile

Diario Radio Universidad de Chile

Durante las últimas semanas una serie de eventos medioambientales ha puesto en la palestra de las discusiones la existencia de geografías profundamente injustas. Entre éstos, vale la pena recordar las polémicas discusiones generadas por la construcción de viviendas sociales en medio de espacios supuestamente reservados a grupos de mayor poder adquisitivo y la adhesión que dichas iniciativas han despertado en los especialistas y académicos. Aparentemente, al levantar una o dos torres de apartamentos se estarían dando pasos sustantivos para reivindicar espacios y territorios más justos y equitativos. Sin embargo, los acontecimientos recientes causados por las evidencias de toxicidad en la atmósfera de Quintero y Puchuncaví han vuelto a poner en el debate la existencia de territorios definitivamente insalubres en los cuales residen miles de familias chilenas. La novedad es que estos paisajes insanos ahora son denominados “territorios de sacrificio”, calificación que en sí misma refleja no solo un profundo desconocimiento de las formas en que se construyen los territorios sino que también un alto desprecio por los espacios y paisajes en que son forzados a residir parte de nuestros compatriotas.

Los llamados “territorios de sacrificio” al parecer se refieren a la existencia de unos espacios rurales y urbanos que concentran, por decisión de alguien, a un número significativo de industrias contaminantes, instaladas gradual y subrepticiamente en medio de paisajes ocupados primitivamente por residentes que los eligieron en virtud de sus atributos naturales y adecuados niveles de calidad ambiental. Ventanas y Quintero eran, hasta hace unas pocas décadas paisajes interesantes, en que se combinaban atributos naturales con actividades económicas que los consideraban espacios atractivos y de interés turístico.

La transformación de estos territorios en las llamadas “zonas de sacrificio” no puede ni debe comprenderse como un hecho natural ni espontáneo. Las decisiones que los han construido poseen amplias implicancias geográficas, económicas, sociales y éticas y se repiten a lo largo y ancho del país, demostrando profundas limitaciones educacionales, científicas, políticas e institucionales.

En primer lugar, decidir tácita o explícitamente, y en forma arbitraria, que ciertos lugares deben acoger las fuentes de degradación ambiental en forma exclusiva, sin tener en cuenta que corresponden a espacios naturales relevantes y habitados ancestralmente, implica una ignorancia, arrogancia y sectarismo inaceptable. Envenenar el medio ambiente de lugares que constituyen el hábitat residencial de nuestros compatriotas es una muestra ineludible de injusticia ambiental y territorial y de una prepotencia insoportable. La injusticia ambiental está dada en primer lugar por la concentración desproporcionada de las fuentes contaminantes en ciertos lugares, hasta dañar en forma severa la salud de los habitantes y los ecosistemas y afectar, sin explicación alguna, la calidad de vida que está garantizada por la propia Constitución de la República y por los Derechos Humanos. La consabida frase “si, pero no en mi patio trasero”, explica que los contaminantes atmosféricos, hídricos e industriales sean depositados crecientemente en lugares específicos, por lo general ocupados por sectores sociales más vulnerables y suficientemente alejados de los barrios donde residen quiénes adoptan las decisiones de contaminar. Estas áreas urbanas y rurales, como consecuencia de lo anterior, se van sumiendo en un cuadro permanente de riesgos, vulnerabilidades y depresión, que aflora cada vez con mayor frecuencia e impactos, sin que ello motive cambios geográficos radicales, como erradicar las industrias o trasladar a sus habitantes hacia sitios seguros como compensación por el daño infringido irresponsablemente.

Sus propios residentes no disponen de fuerza política ni reconocimiento como para impedir la presencia de estos agentes perturbadores de su condición socio-ecológica ni de capacidad para re-distribuir espacialmente estas fuentes agresoras, consiguiendo una geografía más justa y equitativa. Requieren la comprensión y apoyo solidario de la totalidad del país.

En paisajes responsablemente construidos y administrados por la sociedad no debería existir la contaminación ambiental, entre otras cosas porque las regulaciones y fiscalizaciones pertinentes y oportunas lo impedirían y porque las tecnologías actuales disponibles permiten el funcionamiento de las industrias sin provocarla. La única razón para continuar cargando negativamente los lugares y territorios tiene por objetivo producir a menores costos, ahorrando inversiones en equipos, insumos y productos que eliminen la contaminación y que consideren que la generación y mantención de medio ambientes sanos es una responsabilidad colectiva, política y ética. Para ello resulta económica y políticamente beneficioso concentrar espacialmente las industrias contaminantes en una misma zona con el fin de asociar sus ventajas económicas al eliminar las distancias que las separan, aumentando sus rentabilidades como consecuencia de acceder a insumos y servicios a menor costo en forma conjunta, y actuar asociativamente para enfrentar las resistencias que pudieran generarse de parte de los habitantes locales y las autoridades ambientales.

La ética geográfica implica justamente que no se deben adoptar decisiones que impliquen un desconocimiento del bien común representado por un territorio de distribución equitativa de los riesgos y cualidades ambientales y de los costos y beneficios asociados a acciones de desarrollo aceptadas democráticamente. Por el contrario, el fomento de la vulnerabilidad social sobre la base de afectar la calidad de vida de los habitantes locales para incrementar las ganancias de unos pocos actores del mercado, o la generación de una geografía de sufrimientos, incertidumbres, exclusión e impotencia, no contribuye a una sociedad política, cultural y socialmente democrática y justa. Lamentablemente, en Chile los “territorios de sacrificio” se encuentran presentes en todas las regiones y ciudades, siendo bien conocidos los casos de acumulación de contaminantes minerales en los suelos de Arica, Antofagasta y Calama, además de Quintero y Puchuncaví; en la atmósfera de Paipote, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Santiago, Talca, Chillán, Osorno, Temuco y Coihayque, por nombrar solo los lugares que cuentan con monitoreo de calidad del aire y que figuran habitualmente en los rankings internacionales como ejemplos de desaprensión e irresponsabilidad social y política para enfrentar los problemas ambientales que amenazan la calidad de vida de sus habitantes. Tiltil y Coronel, son otros ejemplos de estos verdaderos “clusters” de contaminación en que la vecindad de las fuentes y grupos sociales vulnerables, la ambigüedad de las informaciones sobre las causas y efectos de la contaminación y la confusión institucional alientan la aglomeración ilimitada y creciente delas causas de medio ambientes degradados.

En todos estos lugares, las variaciones geográficas al interior de los medio ambientes construidos, entre barrios socioambientalmente segregados y el peso de las diferencias socioeconómicas de los habitantes en la generación de vulnerabilidades, obligan a reconocer la necesidad de avanzar rápida, coordinada y priorizadamente en la solución de problemas que son complejos e interdisciplinarios y que necesitan con urgencia la implementación de políticas públicas basadas en instrumentos adecuados. Entre éstos, destacan la implementación definitiva y generalizada de la Evaluación Ambiental Estratégica- diseñada para dar cuenta de efectos sinérgicos como los causados por la concentración de fuentes contaminantes en el espacio-, el ordenamiento territorial y la planificación ecológica.

Los sucesos de Quintero y Puchuncaví, por otro lado, han dejado al desnudo las carencias de información científica y de una institucionalidad pública adecuada, oportuna y coordinada en su acción, todo lo cual se vincula una vez más con el abandono de tareas fundamentales por parte del Estado. Las dificultades y contradicciones para identificar las causas del fenómeno de intoxicación masiva y el real alcance de sus efectos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas, ha persistido por demasiado tiempo. La ausencia de conocimientos científicos que permitan explicar, predecir y evitar estos eventos no parece comprensible a esta altura de los tiempos. Las decisiones que se adoptan improvisadamente carecen muchas veces de racionalidad y resultan, a lo menos para la opinión pública, tardías y parciales. La ausencia de información científica pública certera, compleja, oportuna y pertinente para la adopción de decisiones, lleva a acciones injustas, erróneas o improvisadas, que tienen un alto costo para el país. Basta recordar el sentido generalizado de indefensión que se apoderó de la sociedad chilena para el tsunami de febrero de 2010 o ante los incendios forestales de enero de 2017. En todos los casos no se dispone o disponía de sistemas de información ambiental, ni del conocimiento científico requerido para impedir los desastres, ni de su trasmisión en forma oportuna, creíble y transparente a los ciudadanos afectados. Y eso que la ya antigua Ley Marco de Medio Ambiente consagraba hace veinticinco años la existencia del SINIA o Sistema Nacional de Información Ambiental, público, gratuito, comprensible y accesible a la totalidad de la sociedad. Por lo tanto, las decisiones han parecido ser atrasadas, insuficientes e improvisadas, además de no vincular a la academia con los servicios públicos y las comunidades.

La necesidad de disponer de la ciencia adecuada cuando y donde se requiere, incluyendo el contenido y representación espacial y temporal que los problemas ambientales exigen, es una obligación del Estado, de los servicios públicos correspondientes y de las universidades de su propiedad. Si ello no sucede es porque no se están implementando adecuadamente los mecanismos de consulta y colaboración entre las instituciones. Generar los diálogos imprescindibles entre los actores para elaborar agendas conjuntas de investigación debiera permitir recobrar la confianza ciudadana en los científicos, técnicos y profesionales de las instituciones públicas. Ello ocurre al mismo tiempo en que se conocen las dificultades crecientes para disponer de fondos que permitan a los científicos desarrollar sus investigaciones y a través de ello, conocer cómo evitar y prevenir la ocurrencia de eventos desastrosos y como actuar correcta y certeramente ante las emergencias ambientales.

Un país desarrollado es aquel que basa sus decisiones en el conocimiento (científico y local) y no en la ambigüedad, improvisación y especulación. De igual manera, un país geográficamente desarrollado dispone de las instituciones públicas y privadas con capacidad permanente para coordinar acciones que protejan a la sociedad en su conjunto, sin importar las clases sociales, los territorios de residencia, la distancia a los centros principales o la remotaneidad espacial. Disponer de una geografía justa y segura, sana y merecida, es un derecho ciudadano propio de un país auténticamente desarrollado. Es posible que los territorios de bienestar y seguridad antes que de sacrificio y exclusión deban ser ganados y no recibidos como dádivas. La alfabetización geográfica sobre las potencialidades y limitaciones de los territorios y lugares es una tarea aun pendiente en el país.

Publicado en FAU.

Santiago y la serpiente

La manera cómo se construyen las cordilleras no es solo una pregunta que ocupe y apasione a la comunidad geológica y de las ciencias de la Tierra en general, sino también, es una cuestión que atañe el modo como construimos nuestra relación con la naturaleza, cómo esa relación se imprime en nuestras individualidades, y cómo, en sociedad, resolvemos habitar el territorio.

Desde 1979 en adelante, con la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que consideró al suelo como un recurso ilimitado y abrió los límites urbanizables de Santiago hacia los faldeos cordilleranos, la ciudad se ha expandido en forma acelerada casi tanto en las últimas cuatro décadas como en sus primeros cuatro siglos de historia. Como resultado, y a pesar de regulaciones posteriores, Santiago se ha dispuesto cada vez más sobre el piedemonte andino amenazado por aluviones, deslizamientos y la posibilidad de ruptura en superficie por un terremoto cortical-superficial en la Falla San Ramón. A escala metropolitana, de hecho, es posible constatar que la traza o ubicación en superficie de esta falla geológica activa, mejor conocida entre los ríos Mapocho y Maipo, se encuentra urbanizada en cerca de un 55%, quedando aún un 45% libre de urbanización.

Gracias a la nueva red de estaciones sismológicas instaladas específicamente para el monitoreo de esta estructura geológica, por el Centro Sismológico Nacional y la ONEMI, desde enero de 2017 hasta la fecha se han detectado más de 500 sismos de baja magnitud, localizados principalmente a unos 5-15 km de profundidad bajo la Cordillera Principal de Los Andes en la Región Metropolitana, incluyendo el frente cordillerano de Santiago. Estos resultados confirman y profundizan el hallazgo de sismicidad superficial, cuya asociación a estructuras geológicas de diferente naturaleza e importancia, tal como la Falla San Ramón, se encuentra en estudio.

Si bien no es posible predecir cuando ocurrirá un gran terremoto, los antecedentes recopilados hasta ahora corroboran la importancia de la Falla San Ramón como una estructura cortical activa, capaz de generar sus propios sismos. Si la geología muestra que terremotos importantes, con ruptura en superficie en el piedemonte cordillerano, ya ocurrieron hace 17000 y 8000 años atrás, necesariamente el fenómeno volverá a ocurrir. La pregunta planteada entonces es qué habremos hecho –o dejado de hacer- para cuando eso suceda ¿Qué decisiones y acciones habremos tomado en pos la sostenibilidad de la bella Santiago, su gente, nuestra ciudad?

Confort Térmico como derecho humano (la pobreza también es energética)

Ya sea leyendo, conversando, escuchando la radio o revisando una “app”, sin duda todos nos enteramos que se venían dias complejos en cuanto a situaciones climáticas se refieren para gran parte de nuestro país. De la misma manera, autoridades y representantes de las empresas de servicios básicos (energía, agua, gas, etc) realizaron sendos llamados a la ciudadanía hacia el autocuidado para la prevención ante desastres socionaturales.

A propósito de esto, hace unos días atrás, en un taller de la Red de Pobreza Energética estas noticias reflotaron en nosotros, una de las banderas de nuestra Red: el confort térmico como derecho humano.

Sin duda, una de las construcciones filosófico-jurídicas más importantes en la historia de la humanidad ha sido el reconocimiento de la existencia de los derechos humanos; no sólo por la relevancia de poner al ser humano como su eje y centro, sino por el reconocimiento de su dignidad frente al Estado y otras entidades.

Esta concepción marca un antes y un después en la relación Estado-Ciudadano-Sociedad Civil, puesto que nos permite advertir una etapa donde estos derechos son un límite a cualquier actividad (estatal o privada) a favor de los individuos, y las consiguientes obligaciones de respecto, promoción y protección. No en vano, estos principios están consagrados como “Bases” de nuestra institucionalidad en la Constitución Política.
A grandes rasgos, y con fines netamente explicativos, podemos resumir la evolución de los derechos humanos bajo las siguientes clasificaciones:

a) Derechos humanos de Primera Generación o también llamados: “Derechos Civiles y Políticos”. Reconocidos a partir de la Revolución Francesa, y expresados en la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Son derechos en los que tiene primacía la reivindicación de la autonomía y libertad individual frente al Estado.

b) Derechos Humanos de Segunda Generación o también conocidos como “Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (DESC). Esta nueva generación de derechos humanos exhorta al Estado a asumir un rol activo, exige una actividad positiva por parte de éste. En términos generales, los DESC configuran una “obligación de hacer” del Estado y son de satisfacción progresiva.

c) Derechos Humanos de Tercera Generación, también llamados “Derechos de los Pueblos o de Solidaridad”. A partir de la segunda mitad del siglo XX, estamos siendo actores-testigos de una nueva “expansión” de las fronteras de los derechos humanos que tratan de responder a los nuevos retos y desafíos, así como a la necesidad de cooperación entre las naciones y de los distintos grupos que lo integran producto de la sostenida interdependencia y globalización mundial.

Entre los “nuevos derechos humanos” que han sido propuestos para formar parte de esta “nueva frontera de los derechos humanos” se encuentran, a modo ilustrativo, los siguientes: el derecho al desarrollo; el derecho al medio ambiente; el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, el derecho a la asistencia humanitaria, el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a proteger el medio ambiente y patrimonio común de la humanidad, a contribuir al progreso que garantice la vida digna y la seguridad humana.

Esta nueva “episteme” ha dejado sentir su influencia en la teoría de los derechos humanos, que cada vez va orientándose más hacia los problemas y necesidades concretas de una nueva categoría de actores aparecidos en la escena nacional e internacional: conflictos étnicos, armamentismo, inmigrantes y refugiados (no sólo producto de guerras sino también por efectos del cambio climático y los desastres naturales), terrorismo de corte religioso, etc.

Producto de la “juventud” de estos nuevos actores y escenarios, la discusión jurídica, filosófica y política entorno a esta nueva generación de derechos humanos no ha sido pacífica, existiendo intensas reticencias y debates entorno a ellos.

Por lo tanto, al hablar de Confort Térmico dentro del estudio de la Pobreza Energética, nos encontraríamos ante un nuevo derecho humano en proceso de formación; “in statu nascendi”, dado que los Estados, principales creadores del Derecho Internacional, se muestran reacios a su reconocimiento en algún instrumento de carácter vinculante o bien, en algunos casos, los vemos incorporados de manera difusa en sus políticas públicas y/o legislaciones locales al abordar sus respectivos conflictos energéticos.

Un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos (considerando al confort térmico como un derecho) nos brinda un marco de análisis en el cual se asume que éstos son propios de la naturaleza humana y deben ser garantizados en el presente y en el futuro; supone entonces, por un lado, un deber de todos los actores tanto de atender a cada una de sus dimensiones (acceso a la energía, calidad de la energía y equidad energética) como al Estado de garantizarlos de manera progresiva.

Publicado en El Quinto Poder.

Pobreza Energética: El rostro más frío de la desigualdad

En Chile pasamos más frío del que estamos dispuestos a asumir. Sin embargo, cuando comienzan a bajar las temperaturas, es difícil evitar pensar en cuáles son las condiciones en las que viven gran parte de los habitantes de nuestro país. A través del concepto “pobreza energética” hemos estado visibilizando la importancia de contar con acceso equitativo a energía de calidad para cubrir los servicios energéticos básicos, especialmente aquellos relacionados con lograr temperaturas saludables y confortables al interior de los hogares.

Sabemos que gran parte de las viviendas del país no cuentan con una adecuada aislación térmica, lo que, en otoño e invierno, significa tener que destinar una parte importante del presupuesto familiar en energía para calefacción. Este y otros servicios energéticos son parte importante de la vida cotidiana de chilenos y chilenas, sin embargo, hoy día no contamos con las herramientas adecuadas para caracterizar las condiciones de acceso a estos servicios en los hogares, ni tampoco del impacto que el gasto en energía tiene para el presupuesto de las familias.

Pese a lo anterior, contamos con algunos datos parciales que nos permiten visualizar la importancia y la magnitud de este problema.

Por ejemplo, sabemos que un 34% del segmento más pobre de la población declara pasar frío en invierno, así como un 27% del segmento vulnerable y un 21% del segmento medio bajo (ENE, 2016). Asimismo, sabemos que el quintil de menores ingresos gasta casi 3 veces más de su presupuesto mensual en energía –en términos relativos–, respecto del quintil de mayores ingresos (EPF, 2013). Esto, para “satisfacer” (al menos en parte) necesidades asociadas al uso de electricidad, calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de alimentos, necesidades que muchas veces se ven limitadas para priorizar otros gastos familiares, debido a los escasos ingresos de este segmento de la población.

Por otra parte, los datos de la encuesta CASEN 2015 nos muestran que un 11,6% de los hogares del país no cuenta con agua caliente sanitaria, agudizándose esta cifra al observarla según quintiles, donde cerca de un 40% del quintil de menores ingresos no cuenta con este servicio energético.

Otro dato relevante se relaciona con el tipo de combustible que utilizamos en las distintas zonas climáticas del país para calefaccionar nuestros hogares. Mientras que en la zona centro predomina el uso de gas y parafina para calefacción, en la zona sur del país, desde la Región del Biobío hasta la Región de Aysén, destaca el uso intensivo de leña. Este uso también está fuertemente asociado a ciudades saturadas de contaminación atmosférica, como Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique, lo que nos habla de un problema asociado a la calidad de la energía.

También sabemos que la pobreza energética afecta de forma más cruda a niños, niñas, personas mayores, enfermas crónicas y mujeres embarazadas, precisamente por aumentar su vulnerabilidad frente a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, tanto por la exposición a bajas temperaturas como por la exposición a contaminación intradomiciliaria. Por lo anterior, también sabemos que las principales afectadas por la pobreza energética son las mujeres, debido a que la división sexual del trabajo aún dominante en nuestro país se traduce para ellas en una mayor cantidad de tiempo dedicado a trabajo no remunerado en los hogares y al cuidado de otros y otras (ENUT, 2015). Todas estas acciones requieren de la gestión y del uso cotidiano de energía, ya sea para la utilización de electrodomésticos, la cocción y refrigeración de alimentos, la calefacción del hogar, entre otras.

Considerando los datos que tenemos, si bien no podemos hacer una evaluación profunda sobre las condiciones de pobreza energética y su relación con otras dimensiones de la exclusión social, hoy día sí podemos reconocer que la pobreza energética agudiza otras desigualdades, como las de género, salud y educación, potenciando las profundas diferencias económicas y aumentando la vulnerabilidad frente a eventos extremos (por ejemplo, las bajas temperaturas de estos días). Sin embargo, y pese a la evidente importancia de este tema, los datos actuales no nos permiten visibilizar con mayor detalle y profundidad esta situación.

En este contexto, visualizamos con urgencia la necesidad de observar la pobreza energética tanto en los espacios domésticos como en esos otros espacios que habitamos frecuentemente. Por ejemplo, ¿qué temperaturas y qué nivel de contaminación tienen las salas de clases donde estudian nuestros niños y niñas? De igual forma, ¿cómo se relacionan las enfermedades respiratorias de niños, niñas y personas mayores con las condiciones de temperatura, humedad y contaminación de sus viviendas?, ¿a qué niveles de contaminación intradomiciliaria se exponen niños y niñas de diferentes quintiles y cuáles son las temperaturas en las que habitan?, ¿de qué manera influyen la temperatura, humedad y contaminación en su aprendizaje y desarrollo?

Si queremos reducir la desigualdad en nuestro país, debemos hacernos cargo de estos problemas. Si los niños y niñas de los quintiles más pobres pasan frío, se exponen a contaminación intradomiciliaria y ni siquiera en los colegios cuentan con temperaturas saludables para el aprendizaje, nunca lograremos “emparejar la cancha” y ofrecer oportunidades reales de inclusión social.

Chile cuenta con condiciones privilegiadas para generar energías limpias, por ejemplo, a partir de las energías geotérmica, solar, eólica, entre otras. Esto, sumado a infraestructura habilitante, incentivos efectivos y regulaciones adecuadas, podría entregar la energía requerida para alcanzar las temperaturas saludables en hogares, hospitales y recintos educacionales. Pero, para avanzar en este tema, debemos estar dispuestos, primero, a aceptar que la pobreza en nuestro país es más profunda de lo que queremos ver y, segundo, a invertir en medidas de largo plazo que permitan reducir de forma efectiva las actuales brechas de desigualdad.

Publicado en El Mostrador.

Los tiempos actuales, posmodernos – esta Sociedad Red, global, funcionalmente diferenciada – nos imponen y enfrentan a problemas y desafíos que no tienen parangón alguno con aquellos conocidos y afrontados durante la centuria inmediatamente pasada.

Por ejemplo, el aumento del impacto de los desastres y la complejidad de los procesos sociotecnológicos que generan Riesgo, nos confronta con desafíos tanto científicos como sociales que requieren nuevos y originales puntos de vista que aborden el problema en su complejidad.

Asumiendo este “estado de mundo”, en Chile, estamos en deuda en lo que respecta a una discusión transversal, seria y meditada, en torno a lo que podríamos, prima facie, entender como un concepto de Riesgo, es decir, la elucidación local, dentro de un contexto andino modulado por la tensión “territorio-desarrollo”, de lo que sería esta noción.

En términos estrictos, cada uno de los actores relevantes de esta trama, ha obviado este debate y ha incurrido, más bien, en utilizar el concepto de Riesgo desde la comodidad de su disciplina o sector de origen, y si ella no existiere, la importación acrítica de esta noción desde alguna otra. Vale decir, no hemos hecho el esfuerzo de poner en juego cada una de nuestras ópticas en pos de una comprensión sistémica del concepto de Riesgo.

Y sin embargo, en esta era compleja, surgen diversas preguntas que nos invitan a arriesgarnos fuera de las miradas disciplinares para apostar a una construcción más completa del conocimiento. Por ejemplo: ¿Tiene el Riesgo la misma definición, significación e implicancia en las Geociencias, Economía, Salud o en el Derecho? ¿Se puede reducir el Riesgo sólo a los desastres naturales? ¿Es lo mismo hablar de riesgo y de percepción del riesgo? ¿Existe un umbral de riesgo aceptable en una sociedad? (o ¿cuál es que se pretende imponerle?) ¿Existe un Principio de Responsabilidad de las autoridades y la sociedad civil en la construcción del riesgo, su discurso y sus prácticas? ¿Es posible que, tras las nociones de “campamentos”, “damnificados”, “Delegado Presidencial”, o “reconstrucción”, se esconda toda una definición semántica, discursiva, subjetivante y política del Riesgo?

Lo anterior resulta aún más interesante, cuando por un lado, vemos que el concepto de Riesgo es construido a partir de una extraña mezcla de medios de comunicación y la heurística; y, por otro, somos impávidos testigos del abuso de este concepto y/o su utilización sesgada e indiscriminada por parte de diferentes actores sociales, con consecuencias que no somos capaces de advertir aún como la legitimación (o no) de ciertas intervenciones del Estado en situaciones de Riesgo.

Chile, por sus características geográficas en el contexto andino, es un país particularmente expuesto a múltiples amenazas, que se destacan tanto por su frecuencia como por su intensidad. Cada año está marcado por emergencias, crisis y desastres que nos hacen recordar que vivimos en un territorio diferenciado en términos de multi-amenazas y con fuertes vulnerabilidades. Si recordamos los últimos veranos, vienen a la mente tristes imágenes como los incendios de Valparaíso de 2014, el incendio del vertedero de Santa Marta y la contaminación en la Región Metropolitana de 2016, los mega-incendios del 2017, la mega-sequía de la zona central y en los meses pasados la remoción en masa de Villa Santa María.

El contexto andino es un relieve caracterizado por un salto de 13 km, el más importante en el planeta. Se relaciona directamente con las formas que habitamos nuestro territorio, con una geomorfología gobernada por el proceso de la subducción, y con procesos geofísicos de gran intensidad como los terremotos de subducción -por ejemplo, el megaterremoto de Valdivia de 1960- o erupciones volcánicas dentro de las mayores del mundo -por ejemplo, la erupción del volcán Hudson de 1991. Otro aspecto esencial del contexto andino es la relación entre distintos peligros. Cuando afirmamos que Chile es un país altamente multi-amenazas entendemos que está expuesto a diferentes fenómenos peligrosos simultáneos, pero también que éstos se relacionan entre ellos y pueden causar efectos en cadenas. Por ejemplo, los terremotos pueden causar otros procesos geofísicos como tsunamis, aluviones, deslizamiento, avalanchas, lo que genera una necesidad de mirada sistémica.

Estos fenómenos complejos necesitan entonces un mayor conocimiento para entender sus variaciones y desarrollar técnicas y herramientas para la toma de decisiones que integren la reducción del Riesgo. Por ejemplo, la importancia de los terremotos corticales (aquellos generados en fallas geológicas sísmicamente activas, a pocos kilómetros de profundidad, con magnitudes menores a nuestros grandes terremotos de subducción, pero con intensidades y daños potencialmente mayores) aún no se ha traducido en medidas. Esto a pesar de reconocer que evidenciamos en Chile la presencia de fallas tectónicas y terremotos corticales y que éstos han sido sumamente destructivos en otras partes del mundo, por ejemplo en las secuencias sísmicas de Italia de 2016 y 2017, con considerables destrucciones en las localidades de Amattrice o Ischia.

Por otro lado, estos fenómenos recurrentes pautean nuestro desarrollo como país. Terremotos, erupciones volcánicas, aluviones, remociones en masa y tsunamis, no sólo generan muertes y daños que impactan el desarrollo social y económico (la atención a la emergencia ante desastre representa entre 1 y 2% del PIB nacional) sino que han influído en leyes e instituciones. Recordemos, por ejemplo, que la creación de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) es impulsada como gesto de Estado luego de las terribles consecuencias del terremoto de Chillán de 1939. Sin embargo, a pesar de la notoriedad y gravedad del impacto de los desastres, con componentes naturales y otros sociales, aún carecemos de una institucionalidad del conocimiento que permita una toma de decisiones basada en información. Para ello, necesitamos garantizar la generación de datos que identifiquen y caractericen las geo-amenazas en todo el territorio, su disponibilidad y distribución, contar con adecuados controles de calidad de los mismos, y finalmente generar la información pertinente y útil para las políticas públicas y los tomadores de decisiones.

Los compromisos asumidos por el Estado de Chile, a través de la suscripción a los principios del “Marco de Acción de Hyogo 2005-2015” y luego del “Marco de Acción de Sendai 2015-2030”, la dictación de un Plan Nacional de de Protección Civil, la creación de una Plataforma Nacional para la la Reducción del Riesgo de Desastres, la elaboración de una Estrategia Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres y la discusión en torno a una nueva institucionalidad en Reducción de Riesgos de Desastres, nos exhorta como Academia a lo menos a sentarnos y discutir acerca de los alcances del concepto de Riesgo, sobretodo por sus consecuencias en las políticas públicas.

Así, la identificación y caracterización los nuevos Riesgos nos exhortan a pensar “nuevas formas de gobernanza” que trasciendan las limitaciones funcionales y las fronteras territoriales de la tradicional forma del “Estado-Nación”.

La importancia de seguir reflexionando y dialogando sobre el Riesgo de desastres, y cómo nos hacernos cargo de éste, entre los diferentes actores sociales, nos convoca entonces a participar de un proyecto académico transdisciplinario, radicalmente nuevo, para desarrollar los saberes y las técnicas necesarias para una construcción de país sustentable. Del mismo modo, dejamos desde ya la puerta abierta a aquellas instituciones, organizaciones o personas que quieran ser participes de esta construcción colectiva urgente.

Jaime Campos, Julián Cortés, Juliette Marin y Sandra Rojas.

El desastre socio-natural ocurrido en Villa Santa Lucía, Región de Los Lagos, invita una vez más, y de manera más recurrente, a analizar lo que realmente significa habitar el territorio, cómo es el territorio que habitamos, cuál es el estado de la planificación territorial a nivel local y cómo enfrentamos los nuevos escenarios de cambio, sean estos sociales, económicos y naturales. A este respecto no es suficiente señalar que estamos sufriendo los efectos del cambio climático, pues efectivamente estamos habitando en un paisaje postglacial, en el Holoceno-Reciente y en el Antropoceno. Estas condiciones son aún más relevantes en la Región de Los Lagos, en la medida que la herencia glacial de la Glaciación Llanquihue, es parte de su geografía.

A ello se debe agregar el hecho que Chile como país andino debe reconocer la dinámica de las montañas y de sus cuencas y, sobre todo, de las sub-cuencas, unidades naturales de muy rápida respuesta a rupturas de umbrales morfodinámicos. Ejemplos de esta dinámica sobran en los últimos años: Chañaral (2015, 2017), Santa Gracia (2017), San José de Maipo (2013, 2017).

El evento específico de Villa Santa Lucía corresponde a un proceso natural propio del ambiente andino de dominio periglacial, con laderas de muy fuerte pendiente (superando fácilmente el umbral morfodinámico de 30°), con modelado glacial y remanentes glaciares en las cabeceras, con abundante material sedimentario disponible, para ser movilizado desde los taludes, con suelos volcánicos, morrenas, glaciares rocosos y permafrost, con laderas escarpadas en algunos casos con abundante vegetación austral, y con alta pluviometría anual (2500 – 3000 mm). Esta configuración es altamente propensa a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, como deslizamientos y aluviones, desencadenados ya sea por lluvias intensas, altas temperaturas con derretimiento de nieve y hielo, o sismos. El emplazamiento de la localidad, en el ápice del abanico aluvial de la cuenca del río Burritos, junto al lecho de inundación del mismo, es una doble o multi condición de amenaza hidrogeomorfológica, toda vez que el abanico aluvial (cono de deyección) es el resultado evolutivo de la dinámica de las laderas y quebradas de las cuencas asociadas.

Los eventos climático atmosféricos de retorno episódico, como en este caso un río atmosférico, constituyó el evento desencadenante para la generación de un deslizamiento de la cabecera escarpada de una subcuenca (micro cuenca a escala regional), con abundante sedimento y remanentes glaciares y nivales, que evolucionó en un flujo de barro, altamente viscoso, que drenó hacia el nivel de base de la cuenca, es decir, el cono aluvial donde se localiza Villa Santa Lucía, lugar natural de depositación de flujos aluvionales en dicha cuenca.

Este evento vuelve a realzar la importancia de contar con estudios de amenazas y riesgos en la planificación del territorio, en especial de zonas urbanizadas, aunque sean pequeños poblados como Villa Santa Lucía. La localización de pueblos y ciudades en llanuras de inundación y abanicos aluviales aledaños a ríos y quebradas es usual en nuestro país, resultado de su condición montañosa, pero conlleva una alta exposición a ser afectados por aluviones e inundaciones. Esta es una condición de la cual debemos hacernos cargo como país, a través de adecuados instrumentos de planificación territorial y obras de mitigación, para los cuales se debe contar primero con suficientes estudios a escala local de las amenazas naturales y riesgos asociados .

En 2012, el “Estudio riesgo y modificación PRMS Falla San Ramón”, realizado para la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, por Territorio & Ciudad Consultores en conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, determinó que “la amenaza originada en la activación de la Falla San Ramón se expresa en dos tipos diferentes de peligro. Por una parte, se ha caracterizado la ocurrencia de un sismo que afectará a la región, y por otra, un proceso físico de ruptura superficial a lo largo de la traza de la falla”. ¿Qué significa esto?

Las fallas geológicas activas, como la de San Ramón, ubicada a lo largo del piedemonte en el sector oriente del valle de Santiago, son capaces de acumular esfuerzos tectónicos y romper la corteza terrestre, generando sus propios terremotos. Los efectos de sismos como éstos pueden ser localmente mayores, tales como los recientemente ocurridos en Japón, Nueva Zelanda e Italia, en términos que son sismos superficiales que pueden generar ruptura del suelo dislocándolo en varios metros, del mismo modo que se ha deducido a partir de los estudios geológicos realizados en la Falla San Ramón, y que las intensidades pueden ser localmente altas, tal como lo sugieren simulaciones realizadas a partir de escenarios sísmicos –artificiales- en esta misma falla. En el mencionado estudio, los resultados de una de estas simulaciones se muestran en franjas que distan 2 km, 5 km, y 10 km desde la falla, con intensidades (expresadas en términos de aceleraciones del suelo) alta, media y baja, respectivamente, que superarían –2 a 3 veces- aquellas registradas durante el terremoto de 2010.

En el estudio de la Seremi Minvu (2012), se señalan también distintos tipos de zonas de riesgo asociadas, por ejemplo, a las áreas urbanizadas, urbanizables y excluidas de urbanización, como también a la infraestructura, densidad, tipo y características de la población, situada ya sea directamente sobre la traza –ubicación en superficie- de la falla, o sobre alguna de las franjas con altas intensidades esperables a partir de un potencial sismo mayor.

Puesto que todo lo anterior no está homogéneamente distribuido a lo largo de los casi 30 kilómetros que recorre la falla entre los ríos Mapocho, por el norte, y Maipo, por el sur, reducir el nivel de riesgo a franjas equidistantes desde la estructura geológica, sería una aproximación burda para un problema tan serio como lo que representa la potencial activación de este objeto tectónico para el desarrollo urbano sostenible de Santiago. Sólo basta recordar que las diferencias en infraestructura crítica para la atención de las emergencias, en servicios, junto con la desigualdad que se manifiesta entre las distintas comunas del sector oriente de la capital ubicadas a lo largo de la traza de la Falla San Ramón, constituyen también un factor que puede incrementar la vulnerabilidad, en el sentido de las capacidades de reacción y recuperación de la sociedad ante el escenario de un terremoto en esta falla, y por lo tanto incrementan el riesgo.

La amenaza es de origen natural, o sea que se puede conocer, avanzar en su caracterización geológica, monitoreo sísmico y simulación de escenarios, pero, desde una perspectiva científica, no se puede predecir ni mucho menos evitar que ocurra el fenómeno. En el primer año de realización del estudio “Monitoreo sísmico y potencial sismogénico de la Falla San Ramón” (2016-2019, Onemi-CSN-FCFM), ya se ha logrado ampliar la red específica de estaciones sísmicas y comprobar la sismicidad cortical/superficial bajo el frente cordillerano, donde se ubica la Falla San Ramón, así como realizar un sondaje -una perforación con recuperación de muestras- que ha corroborado la importancia de esta estructura geológica. Estos insumos permitirán que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), pueda reforzar su estrategia en materias de protección civil y trabajo con la comunidad.

Convendrá avanzar entonces en los estudios de detalle que permitan vincular de manera más precisa la amenaza geológica que representa la activación potencial de la Falla San Ramón, con el medio urbano -en general- situado a lo largo del sector oriente de Santiago, y así decidir finalmente sobre la posibilidad de cambios normativos, tanto en cuanto al desarrollo de la ciudad a través del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), como la revisión de la Norma Sísmica, para que incorpore la posibilidad de fuentes corticales –locales y superficiales- en los diseños de infraestructura crítica al menos, ambas recomendaciones ya planteadas también en el mencionado estudio (Seremi Minvu, 2012).

No da lo mismo amenaza –natural- de riesgo –socionatural-, ni tampoco el qué y el cómo se comunica. En esto, los medios de comunicación, las instituciones y los científicos debemos ser aliados, porque es crucial hacer frente a paparruchadas, posverdades sin argumentos, rápidas, fragmentadas, falsas o superficiales, pues se trata de eso, de defender el camino recorrido a través de la indagación seria y la reflexión, de entregar información oportuna y pertinente en cuanto al riesgo, de educar e implementar vías de diálogo con las comunidades, de modo tal de incrementar tanto sus capacidades como las del conjunto de la sociedad, ante decisiones que involucran muchas veces la posibilidad del derecho a una vida digna en esta, nuestra tan movida patria.

Publicado en El Mostrador.