Los invitamos a leer la siguiente columna de opinión escrita por Hugo Romero, académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, miembro de CITRID y Premio Nacional de la disciplina, a propósito de la crisis ambiental que vive hoy la comuna de Quintero:
Durante las últimas semanas una serie de eventos medioambientales ha puesto en la palestra de las discusiones la existencia de geografías profundamente injustas. Entre éstos, vale la pena recordar las polémicas discusiones generadas por la construcción de viviendas sociales en medio de espacios supuestamente reservados a grupos de mayor poder adquisitivo y la adhesión que dichas iniciativas han despertado en los especialistas y académicos. Aparentemente, al levantar una o dos torres de apartamentos se estarían dando pasos sustantivos para reivindicar espacios y territorios más justos y equitativos. Sin embargo, los acontecimientos recientes causados por las evidencias de toxicidad en la atmósfera de Quintero y Puchuncaví han vuelto a poner en el debate la existencia de territorios definitivamente insalubres en los cuales residen miles de familias chilenas. La novedad es que estos paisajes insanos ahora son denominados “territorios de sacrificio”, calificación que en sí misma refleja no solo un profundo desconocimiento de las formas en que se construyen los territorios sino que también un alto desprecio por los espacios y paisajes en que son forzados a residir parte de nuestros compatriotas.
Los llamados “territorios de sacrificio” al parecer se refieren a la existencia de unos espacios rurales y urbanos que concentran, por decisión de alguien, a un número significativo de industrias contaminantes, instaladas gradual y subrepticiamente en medio de paisajes ocupados primitivamente por residentes que los eligieron en virtud de sus atributos naturales y adecuados niveles de calidad ambiental. Ventanas y Quintero eran, hasta hace unas pocas décadas paisajes interesantes, en que se combinaban atributos naturales con actividades económicas que los consideraban espacios atractivos y de interés turístico.
La transformación de estos territorios en las llamadas “zonas de sacrificio” no puede ni debe comprenderse como un hecho natural ni espontáneo. Las decisiones que los han construido poseen amplias implicancias geográficas, económicas, sociales y éticas y se repiten a lo largo y ancho del país, demostrando profundas limitaciones educacionales, científicas, políticas e institucionales.
En primer lugar, decidir tácita o explícitamente, y en forma arbitraria, que ciertos lugares deben acoger las fuentes de degradación ambiental en forma exclusiva, sin tener en cuenta que corresponden a espacios naturales relevantes y habitados ancestralmente, implica una ignorancia, arrogancia y sectarismo inaceptable. Envenenar el medio ambiente de lugares que constituyen el hábitat residencial de nuestros compatriotas es una muestra ineludible de injusticia ambiental y territorial y de una prepotencia insoportable. La injusticia ambiental está dada en primer lugar por la concentración desproporcionada de las fuentes contaminantes en ciertos lugares, hasta dañar en forma severa la salud de los habitantes y los ecosistemas y afectar, sin explicación alguna, la calidad de vida que está garantizada por la propia Constitución de la República y por los Derechos Humanos. La consabida frase “si, pero no en mi patio trasero”, explica que los contaminantes atmosféricos, hídricos e industriales sean depositados crecientemente en lugares específicos, por lo general ocupados por sectores sociales más vulnerables y suficientemente alejados de los barrios donde residen quiénes adoptan las decisiones de contaminar. Estas áreas urbanas y rurales, como consecuencia de lo anterior, se van sumiendo en un cuadro permanente de riesgos, vulnerabilidades y depresión, que aflora cada vez con mayor frecuencia e impactos, sin que ello motive cambios geográficos radicales, como erradicar las industrias o trasladar a sus habitantes hacia sitios seguros como compensación por el daño infringido irresponsablemente.
Sus propios residentes no disponen de fuerza política ni reconocimiento como para impedir la presencia de estos agentes perturbadores de su condición socio-ecológica ni de capacidad para re-distribuir espacialmente estas fuentes agresoras, consiguiendo una geografía más justa y equitativa. Requieren la comprensión y apoyo solidario de la totalidad del país.
En paisajes responsablemente construidos y administrados por la sociedad no debería existir la contaminación ambiental, entre otras cosas porque las regulaciones y fiscalizaciones pertinentes y oportunas lo impedirían y porque las tecnologías actuales disponibles permiten el funcionamiento de las industrias sin provocarla. La única razón para continuar cargando negativamente los lugares y territorios tiene por objetivo producir a menores costos, ahorrando inversiones en equipos, insumos y productos que eliminen la contaminación y que consideren que la generación y mantención de medio ambientes sanos es una responsabilidad colectiva, política y ética. Para ello resulta económica y políticamente beneficioso concentrar espacialmente las industrias contaminantes en una misma zona con el fin de asociar sus ventajas económicas al eliminar las distancias que las separan, aumentando sus rentabilidades como consecuencia de acceder a insumos y servicios a menor costo en forma conjunta, y actuar asociativamente para enfrentar las resistencias que pudieran generarse de parte de los habitantes locales y las autoridades ambientales.
La ética geográfica implica justamente que no se deben adoptar decisiones que impliquen un desconocimiento del bien común representado por un territorio de distribución equitativa de los riesgos y cualidades ambientales y de los costos y beneficios asociados a acciones de desarrollo aceptadas democráticamente. Por el contrario, el fomento de la vulnerabilidad social sobre la base de afectar la calidad de vida de los habitantes locales para incrementar las ganancias de unos pocos actores del mercado, o la generación de una geografía de sufrimientos, incertidumbres, exclusión e impotencia, no contribuye a una sociedad política, cultural y socialmente democrática y justa. Lamentablemente, en Chile los “territorios de sacrificio” se encuentran presentes en todas las regiones y ciudades, siendo bien conocidos los casos de acumulación de contaminantes minerales en los suelos de Arica, Antofagasta y Calama, además de Quintero y Puchuncaví; en la atmósfera de Paipote, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Santiago, Talca, Chillán, Osorno, Temuco y Coihayque, por nombrar solo los lugares que cuentan con monitoreo de calidad del aire y que figuran habitualmente en los rankings internacionales como ejemplos de desaprensión e irresponsabilidad social y política para enfrentar los problemas ambientales que amenazan la calidad de vida de sus habitantes. Tiltil y Coronel, son otros ejemplos de estos verdaderos “clusters” de contaminación en que la vecindad de las fuentes y grupos sociales vulnerables, la ambigüedad de las informaciones sobre las causas y efectos de la contaminación y la confusión institucional alientan la aglomeración ilimitada y creciente delas causas de medio ambientes degradados.
En todos estos lugares, las variaciones geográficas al interior de los medio ambientes construidos, entre barrios socioambientalmente segregados y el peso de las diferencias socioeconómicas de los habitantes en la generación de vulnerabilidades, obligan a reconocer la necesidad de avanzar rápida, coordinada y priorizadamente en la solución de problemas que son complejos e interdisciplinarios y que necesitan con urgencia la implementación de políticas públicas basadas en instrumentos adecuados. Entre éstos, destacan la implementación definitiva y generalizada de la Evaluación Ambiental Estratégica- diseñada para dar cuenta de efectos sinérgicos como los causados por la concentración de fuentes contaminantes en el espacio-, el ordenamiento territorial y la planificación ecológica.
Los sucesos de Quintero y Puchuncaví, por otro lado, han dejado al desnudo las carencias de información científica y de una institucionalidad pública adecuada, oportuna y coordinada en su acción, todo lo cual se vincula una vez más con el abandono de tareas fundamentales por parte del Estado. Las dificultades y contradicciones para identificar las causas del fenómeno de intoxicación masiva y el real alcance de sus efectos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas, ha persistido por demasiado tiempo. La ausencia de conocimientos científicos que permitan explicar, predecir y evitar estos eventos no parece comprensible a esta altura de los tiempos. Las decisiones que se adoptan improvisadamente carecen muchas veces de racionalidad y resultan, a lo menos para la opinión pública, tardías y parciales. La ausencia de información científica pública certera, compleja, oportuna y pertinente para la adopción de decisiones, lleva a acciones injustas, erróneas o improvisadas, que tienen un alto costo para el país. Basta recordar el sentido generalizado de indefensión que se apoderó de la sociedad chilena para el tsunami de febrero de 2010 o ante los incendios forestales de enero de 2017. En todos los casos no se dispone o disponía de sistemas de información ambiental, ni del conocimiento científico requerido para impedir los desastres, ni de su trasmisión en forma oportuna, creíble y transparente a los ciudadanos afectados. Y eso que la ya antigua Ley Marco de Medio Ambiente consagraba hace veinticinco años la existencia del SINIA o Sistema Nacional de Información Ambiental, público, gratuito, comprensible y accesible a la totalidad de la sociedad. Por lo tanto, las decisiones han parecido ser atrasadas, insuficientes e improvisadas, además de no vincular a la academia con los servicios públicos y las comunidades.
La necesidad de disponer de la ciencia adecuada cuando y donde se requiere, incluyendo el contenido y representación espacial y temporal que los problemas ambientales exigen, es una obligación del Estado, de los servicios públicos correspondientes y de las universidades de su propiedad. Si ello no sucede es porque no se están implementando adecuadamente los mecanismos de consulta y colaboración entre las instituciones. Generar los diálogos imprescindibles entre los actores para elaborar agendas conjuntas de investigación debiera permitir recobrar la confianza ciudadana en los científicos, técnicos y profesionales de las instituciones públicas. Ello ocurre al mismo tiempo en que se conocen las dificultades crecientes para disponer de fondos que permitan a los científicos desarrollar sus investigaciones y a través de ello, conocer cómo evitar y prevenir la ocurrencia de eventos desastrosos y como actuar correcta y certeramente ante las emergencias ambientales.
Un país desarrollado es aquel que basa sus decisiones en el conocimiento (científico y local) y no en la ambigüedad, improvisación y especulación. De igual manera, un país geográficamente desarrollado dispone de las instituciones públicas y privadas con capacidad permanente para coordinar acciones que protejan a la sociedad en su conjunto, sin importar las clases sociales, los territorios de residencia, la distancia a los centros principales o la remotaneidad espacial. Disponer de una geografía justa y segura, sana y merecida, es un derecho ciudadano propio de un país auténticamente desarrollado. Es posible que los territorios de bienestar y seguridad antes que de sacrificio y exclusión deban ser ganados y no recibidos como dádivas. La alfabetización geográfica sobre las potencialidades y limitaciones de los territorios y lugares es una tarea aun pendiente en el país.
Publicado en FAU.
