Expertos aseguran que tras el 27F no hubo grandes cambios en cuanto al actual sistema de emergencias y que las catástrofes no sólo afectan a una ciudad en particular, sino que pueden desencadenar una serie de consecuencias que terminen provocando otras crisis.
Desde 2008 han sido once los grandes desastres naturales que han afectado a las ciudades chilenas, incluyendo los incendios ocurridos entre enero y febrero de este año y los recientes aluviones de la semana pasada.
Por eso, la resiliencia es fundamental para enfrentar las consecuencias de estos eventos, especialmente si consideramos que, en términos económicos, el terremoto del 27 de febrero de 2010, por ejemplo, significó cerca de US$30 mil millones en pérdidas. Esto, sin considerar el impacto de las víctimas. En el caso del terremoto de septiembre del 2015, ocurrido en el norte de Chile, dejó 15 personas fallecidas, 14 heridos, 64 albergados, 13.905 damnificados y 816 viviendas destruidas.
Según Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, el concepto de resiliencia es la capacidad de un organismo, en este caso de una ciudad, de recuperar sus funciones básicas lo antes posible luego de haber vivo un shock. “Las comunidades que tienen mayor cohesión social, aquellas que presentan más confianza e integración, tienden a ser mucho más resilientes que los grupos segregados o disociados”, explica Allard.
También hay expertos que aseguran que la resiliencia debiera verse reflejada en los organismos y sistemas encargados de los protocolos de emergencia. “Desde el punto de vista de lo objetivo, nuestro sistema viene siendo el mismo que teníamos el 2010. No ha habido modificaciones, y por lo tanto, no tendríamos por qué pensar que la respuesta sería significativamente mejor”, asegura Michel De L’Herbe, consultor en gestión de emergencias.
Por su parte, Sonia Pérez, directiva del Programa CITRID de Reducción de Riesgo y Desastres de la Universidad de Chile, explica que existen varias dimensiones de la resiliencia, como la física, que consiste en que la infraestructura pública y privada, así como los servicios principales (luz, agua y conectividad) sean garantizados en su distribución y calidad.
Otra dimensión clave – según Pérez- está a nivel social. “Se requiere un eje de trabajo orientado a la actividad productiva: es decir, se deben considerar las formas de vida asociadas a los trabajos y modos de producción de los distintos sectores, para procurar su continuidad y en caso de imposibilidad por consecuencias del daño, hay que tener claro de antemano los mecanismos de reconfiguración y reaprendizaje”, apunta la académica.
Para hacerse una idea, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) estimó en más de US$400 millones las pérdidas patrimoniales para el sector silvoagropecuario, luego de los incendios que afectaron al centro-sur de Chile este verano. Sólo en el sector vitivinícola, se contabilizaron 117 hectáreas de viñas quemadas.
Pérez también explica que otras dos dimensiones a considerar son la resiliencia institucional, que consiste en contar con los servicios públicos coordinados, con datos e información común, y la resiliencia psicosocial, que trata sobre el bienestar y salud mental de las personas, para lo cual es clave el estudio de barrios y comunidades.
Otros académicos sostienen que las ciudades chilenas deben inspirarse en modelos extranjeros, donde existen gobiernos metropolitanos, además de posibilitar que la respuesta no esté centralizada como ocurre en Chile. “Hay que actualizar y mapear todos los riesgos que existen, además de hacer inversiones para mitigar esos peligros, especialmente en quebradas, bordes costeros y fluviales, y que éstos puedan ser aprovechados como grandes espacios públicos cuando no hay emergencias, que es lo que ocurrió con los parques inundables”, manifiesta Iván Poduje, arquitecto de la UCV y asesor de la campaña de Ricardo Lagos en materias urbanas. El experto asegura además que: “en función del mapeo de las zonas de riesgo, hay que relocalizar asentamientos para evitar los peligros”, agrega.
Inversión
En tanto, un estudio del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) denominado “Hacia un Chile resiliente frente a desastres: una oportunidad”, plantea que de aquí a 20 años se deben invertir US$22,5 millones en resiliencia social frente a desastres naturales, US$18,8 millones en líneas vitales e infraestructura critica, además de US$52,6 millones en la próxima generación de tecnologías, entre otros aspectos.
Sonia Pérez fue una de las académicas que participó en la investigación de este informe, el que apunta hacia el desarrollo de una estrategia de trabajo multidisciplinario para generar conocimientos e innovaciones que apoyen el concepto de resiliencia en la ciudad, de manera de avanzar hacia una urbe más segura.
“Se manifestaría en productos que pueden darse en distintos ámbitos, como tecnología, laboratorios, sistemas de alerta, monitoreo y evaluación; modelos y simulaciones, todas acciones necesarias para este país que poco sabe de sus propias capacidades de resiliencia y que tiene recursos científicos disgregados con poca sinergia en sus preguntas y respuestas”, afirma la académica de la Universidad de Chile
La experta advierte que: “para que la estrategia sirva, se requiere de una institucionalidad, una plataforma, que ocupe un lugar en donde se vinculen las universidades, los centros y distintas esferas para darle valor social y político a estos conocimientos científicos”, agrega.
Zonas calientes
Los expertos aseguran que uno de los mayores riesgos que afectan a las ciudades son las fuentes fluviales que las atraviesan o aquellos esteros que se encuentran cerca de los núcleos urbanos, puesto que pueden desbordarse como ocurrió con el río Mapocho el año pasado, hecho que afectó a 1.206 hogares y 2.950 personas, según un informe de Georesearch. “Los ríos urbanos como el Loa en Calama (que se acaba de desbordar), el Mapocho o los esteros, como los de Reñaca, y Viña del Mar, requieren obras de canalización que se diseñen bajo este nuevo escenario climático”, advierte Iván Poduje.
El borde costero es otro de los lugares donde los expertos ponen su atención y advierten que las marejadas del último tiempo están causando un daño significativo y poco conocido, sobre todo en zonas que son reconocidas por su potencial turístico. “También hemos visto que en el borde costero, específicamente en la quinta región, las marejadas han ido generando un daño significativo y poco mencionado, no solo en materia de infraestructura sino que en las playas, que es un recurso turístico y no solamente recreativo, que es parte de una industria muy relevante para el nivel local”, destaca De L’Herbe.
Tras los aluviones en la zona central de Chile, quedaron en evidencia otros lugares calientes que amenazan la seguridad de los habitantes de la ciudad, por lo que según los expertos se requiere de forma urgente de medidas de mitigación. “Las quebradas es un tema urgente: hay muchas ciudades que están cerca de ellas, como es el caso de la cordillera de la Costa en el norte, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, que son zonas que son verdaderas bombas de tiempo en el caso de aluviones”, dice Poduje.
Publicado en diario Pulso.
