Por: Jaime Campos
El terremoto del miércoles 16 de septiembre ha tenido características similares al ocurrido el 27 de febrero de 2010, pero con sus diferencias. Ambos fueron tsunamigénicos, o sea, del tipo que genera tsunamis. La magnitud del más reciente fue de 8.4., a diferencia del 27F que fue de 8.8. Con epicentro en Canela, liberó casi 4 veces menos energía que el terremoto del Maule. La fuente sísmica tuvo una extensión del orden de 230 km a lo largo de la costa, menos de la mitad del 27F..
Junto a las diferencias anteriores, lo más notable es que el desarrollo tecnológico que hemos alcanzando en 5 años nos ha permitido una capacidad de reacción mucho mayor que posibilita dar las alertas correspondientes. Veamos un ejemplo de esos avances.
Los avances en información sobre sismos y alerta de tsunamis
En nuestro país, los tsunamis se producen en la fosa marina, zona de máxima profundidad del océano y que se localiza a unos 100 kms. desde la costa. Así ocurre desde la costa de Perú hasta la pemínsula de Taitao en el Sur de Chile. Una de las lecciones que aprendimos en 2010 es que necesitábamos desarrollar capacidad científica y tecnolófgica para poder identificar en pocos minutos si un terremoto iba a producir un tsunami.
El grupo de tsunamis de la Universidad de Chile, en conjunto con los expertos del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la misma casa de estudios, resolvieron los aspectos teóricos y técnicos y pudieron, en esta oportunidad, informar adecuadamente al SHOA y a ONEMI, en menos de 5 minutos, los principales parámetros que permitió caracterizar este terremoto como del tipo capaz de producir un tsunami (terremoto tsunamigénico).
Esta contribución científica al sistema de alerta temprana de tsunami en Chile es un excelente ejemplo del beneficio social de la transferencia tecnológica entre la academia y el aparato público.
El desafío de la institucionalidad
El ejemplo anterior confirma el aporte que realiza la academia a la gestión operativa de los desastres naturales y lo importante que es la coordinación y el diálogo permanente entre las instituciones relacionadas con estos temas.
El desafío es contar -en el corto plazo- con una “Institucionalidad del Conocimiento para la Gestión del Riesgo y Amenazas de Desastres Naturales”. No sólo para la gestión del desastre, sino para abordar todas las fases (mitigación-preparación, prevención, reacción y recuperación). Una misma entidad que coordine a los organismos e instituciones, capaz de orientar las vocerías y de ser parte de una misma estrategia nacional pero adecuada a las características particulares de cada zona del país.
Una nueva institucionalidad que actúe de manera descentralizada, entregue datos precisos a objeto de elaborar las políticas públicas y generar productos para la gestión territorial (mapas de peligro y riesgos naturales). Una institucionalidad que permita la colaboración virtuosa entre el mundo de la academia, el aparato público y la sociedad civil, de manera de enfrentar pertinente y eficientemente los riesgos y desastres socio naturales en nuestro país.
Esperamos que la ley que está a la espera en el Congreso pueda responder a este desafío para una problemática que deberemos enfrentar, hoy y siempre, como el país más sísmico del mundo.
Fuente: La Tercera
