A pocos días de ocurridos los recientes incendios forestales que afectaron varias comunas de la Región de Valparaíso, las autoridades catalogaban la emergencia como la segunda catástrofe más importante después del terremoto y tsunami del 2010. Es por ello que este lamentable reciente evento da pie a revisar con mayor sentido crítico y de urgencia las recomendaciones que diversos especialistas realizaron hace 14 años, con el objetivo de revisar su vigencia a la luz de los incendios forestales y el estrecho vínculo que se evidencia recurrentemente entre la gestión territorial, ambiental y la gestión del riesgo de desastres.
La madrugada del 27 de febrero del 2010 tres cuartas partes del país despertó abruptamente con un terremoto de magnitud 8.8. que generó consecuentemente un tsunami destructivo. Las cifras oficiales dan cuenta de un lamentable saldo de 525 personas fallecidas, 3% de la población chilena cayó bajo la línea de la pobreza y se registraron cuantiosos daños económicos equivalentes al 18% del PIB Nacional, repercutiendo importantemente en infraestructura y medios de vida de la población. Tras ello, y otros antecedentes de contexto nacional, el gobierno entrante solicitó una misión interagencial al Sistema de Naciones Unidas, la cual tuvo lugar entre fines de octubre y principios de noviembre del 2010. De este trabajo- de gabinete y de terreno- surgieron un conjunto de recomendaciones en consecuencia al diagnóstico realizado por la Misión, las cuales se estructuraron en función de las prioridades del entonces vigente Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD).
Resulta interesante entonces revisarlas en general y conocer si a la fecha han sido consideradas y, de no ser el caso, reparar en su actual pertinencia considerando el escenario complejo que los incendios forestales revivieron y las próximas emergencias que sin duda afectarán al país.
Prioridad 1. Velar porque la reducción del riesgo de desastres (RRD) constituya una prioridad nacional y local con una sólida base institucional de aplicación.
Esta prioridad propone 15 recomendaciones, las que apuntan a considerar temas institucionales, normativos y presupuestarios. Las primeras 6 recomendaciones en este ítem apuntaban al fortalecimiento de la RRD vía reformas institucionales y jurídicas, las cuales se han concretado desde antes de la promulgación de la Ley 21.364 con la formulación e implementación de diversos instrumentos para la gestión del riesgo de desastres. En cuanto a temas presupuestarios, el ex Sistema Nacional de Protección Civil y actual Sistema Nacional de Preparación y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) sigue adoleciendo de fondos y líneas presupuestarias específicas para la RRD y aún es débil la vinculación y compromiso del sector privado en alianzas que contribuyan concretamente a la RRD. Así también aún no se configura de manera sistémica un plan para desarrollar capacidades multinivel en SINAPRED, existiendo iniciativas que apuntan a ello en distintas fases del ciclo de gestión pero aún de manera poco orgánica, sin evaluaciones sistemáticas ni mejoras incrementales en base a diagnósticos periódicos. En concreto, han sido acogidas 7 recomendaciones a cabalidad.
Prioridad 2. Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana.
La Misión propuso un total de 14 recomendaciones para abordar íntegramente esta prioridad, de las cuales 8 se han cumplido total o parcialmente. Dentro de los principales avances a la fecha, Chile ha desarrollado – de la mano de los centros de investigación y desarrollo tecnológico, la academia y la cooperación internacional – mejores estándares para la modelación de diversas amenazas. La implementación de normativa internacional que estandarice protocolos y procedimientos también ha significado mejoras para la articulación y comunicación entre SENAPRED (sucesor legal de ONEMI) y el resto de los organismos de monitoreo para amenazas y se ha incorporado mayor tecnología para la diseminación de alertas tempranas en conjunto con permanentes programas de ejercicios de preparación comunitaria (tanto simulaciones como simulacros). El país sigue en deuda en cuando a escenarios que nutran cartografía o mapas multi-amenazas y de riesgo propiamente tal, así como también en diseñar y habilitar sistemas que permitan la integración coherente y multipropósito de data e información relacionada al riesgo de desastres y de su gestión a todo nivel territorial. Este último aspecto también debe considerar revisiones permanentes del funcionamiento y cobertura de los actuales sistemas de alerta temprana, mejorando aspectos que en las últimas emergencias han presentado fallas. Estos ámbitos son instrumentos que la Ley recientemente promulgada releva, por lo que en el mediano plazo debieran existir avances concretos en estos aspectos.
Prioridad 3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel.
En este eje se proponen 13 recomendaciones, de las cuales únicamente 3 se han resuelto a cabalidad. Si bien es cierto ha habido avances importantes, aún restan iniciativas formales y sostenibles en formación y comunicación de contenidos e información para la RRD diseñados para diversos públicos objetivos, así como también asignación de fondos específicos para promover investigación y educación con foco en la RRD. Constituyen también tareas pendientes, la incorporación de los análisis costo-beneficio de contemplar la prevención de manera transversal en los estudios, proyectos, programas y las estrategias de sensibilización con foco en los actores comunitarios.
Prioridad 4. Reducir los factores subyacentes del riesgo.
Este eje congrega 21 recomendaciones, de las cuales se han abordado 7 total o parcialmente. Es uno de los ejes claves de atender con prioridad dada la importancia de abordar los factores subyacentes del riesgo. Chile ya cuenta con un primer diagnóstico realizado a nivel comunal en detalle tras un proceso que inició el 2017 y cuyos resultados y recomendaciones deben ser observadas a la fecha de manera activa por parte de los municipios y sus sistemas comunales, con la colaboración de actores territoriales y sectoriales. La mayoría de las falencias en este principio de acción radican en la ausencia de la incorporación de criterios de riesgo de desastres tanto en los instrumentos de planificación para el desarrollo como en los de planificación territorial. El desafío sistémico es avanzar a atender los factores subyacentes del riesgo, aquellos que profundizan la vulnerabilidad y exposición desde sus múltiples dimensiones de análisis. Sin la atención profunda de estos factores basales que (re)construyen socialmente el riesgo, seguiremos gestionando la respuesta mas no gestiondo el riesgo, y experimentando sin duda cada vez mayores daños y pérdidas tras la ocurrencia de una emergencia que rápidamente escala a desastre.
Prioridad 5. Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel.
La Misión propuso 12 recomendaciones para avanzar en esta prioridad nacional. De ellas, casi la totalidad se han considerado a cabalidad a la fecha. Entre ellas destacan los importantes avances en la permanente actualización de los planes, nacional y regionales, de emergencia, los que se ejercitan periódicamente mediante simulaciones y simulacros con distintos actores de los sistemas respectivos. Se destaca igualmente el importante trabajo intersectorial que Chile inició en el año 2017 con la adecuación de estándares internacionales para ayuda humanitaria en emergencias y el fortalecimiento de la logística asociada, lo que ha contemplado incluso enfoques interseccionales; así también se han agilizado ciertos protocolos con Cancillería y la Subsecretaría del Interior para un accionar coordinado ante catástrofes. En otros aspectos, aún es necesario fortalecer la coordinación permanente de diversas organizaciones con mandato humanitario y su articulación territorial con SINAPRED, que permita identificar, complementar y emplear eficazmente recursos y capacidades cuando el país lo requiera.
De las recomendaciones entregadas hace 14 años, cerca del 50% han sido atendidas completamente a la fecha. Otras, se han abordado de manera diferente a la propuesta original, atendiendo necesidades actuales de los sistemas de gestión. Así también, entendiendo el contexto en el que surgieron, había un énfasis en avanzar en el conocimiento y actuar ante las amenazas sismo-tsunami y en subsanar con mayor prioridad las falencias que la catástrofe del 27F evidenció. Pese a ello, varias de las recomendaciones enmarcadas hace más de una década siguen siendo atingentes, revelando la necesidad de contemplarlas con urgencia dado que la mayoría de ellas aplican para otros escenarios de riesgo, lo que lamentablemente las diversas emergencias han ratificado.
Las nuevas prioridades del vigente Marco de Sendai para la RRD 2015-2030 junto a las obligaciones que dispone la Ley 21.364 promulgada en agosto del 2021, advierten un auspicioso marco de acción para avanzar en la senda ya bien diagnosticada. No obstante, para pasar de lo declarativo a la reducción del riesgo de desastres se requiere más que una ley que la sustente, demandando un accionar colaborativo, vinculante e integrador con otros enfoques que permitan su habilitación con prioridad, partiendo por un permanente compromiso presupuestario y político, acompañado de sustento técnico y enfoques críticos y territoriales para su comprensión y gestión.
Se puede consultar el informe en el siguiente link: https://www.undrr.org/publication/diagnostico-de-la-situacion-de-riesgo-de-desastres-en-chile
NATALIA SILVA BUSTOS, COORDINADORA VINCULACIÓN CON EL MEDIO CITRID UNIVERSIDAD DE CHILE
